El reclamo de ilegalidad es un recurso establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, que permite a los empleados públicos o asociaciones de funcionarios en su representación impugnar resoluciones que denieguen derechos, reclamar por omisiones en su dictación o dilatación de una resolución por parte de la autoridad administrativa, o bien, reclamar por vicios de legalidad que afecten los derechos reconocidos en el Estatuto Administrativo.
Procedimiento para Interponer el Reclamo
Para interponer el reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General, se establece un plazo de diez días hábiles desde que se tuvo conocimiento de los hechos, resolución o actuación que dieron lugar al vicio reclamado. Es importante destacar que este plazo no incluye los días sábado. Una vez vencido este plazo, la Contraloría debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado.
Objetivos y Alcance del Reclamo de Ilegalidad
El reclamo de ilegalidad tiene como objetivo principal subsanar las ilegalidades cometidas por la administración en diversos ámbitos, tales como calificaciones, sumarios administrativos, concursos públicos, entre otros. Este recurso proporciona a los empleados públicos una vía para proteger sus derechos y garantizar el cumplimiento de la legalidad en la actuación de la administración.
Conclusión
En resumen, el reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República es un mecanismo importante para impugnar decisiones administrativas que afecten los derechos reconocidos en el Estatuto Administrativo. Proporciona a los empleados públicos la posibilidad de corregir ilegalidades y garantizar el respeto a la legalidad en la actuación de la administración.
