En el ejercicio de sus funciones, tanto las autoridades de la Administración del Estado como los funcionarios de la Administración Pública, ya sea que estén en planta o contratados, deben cumplir rigurosamente con el principio de la probidad administrativa.
¿En qué consiste la probidad administrativa? La probidad administrativa implica mantener una conducta intachable como funcionario y desempeñar el cargo de manera honesta y leal, priorizando siempre el interés general sobre el particular.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear responsabilidades para los funcionarios públicos, llegando incluso a la destitución, previo sumario administrativo, y a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante un período de 5 años.
El artículo 62 de la ley N° 18.575 establece una serie de conductas que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa:
- Utilizar información reservada o privilegiada en beneficio propio o de terceros, a la que se tenga acceso debido a la función pública desempeñada.
- Aprovechar indebidamente la posición como funcionario para influir en una persona con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto para sí mismo o para un tercero.
- Usar dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros, de cualquier forma.
- Realizar actividades, utilizar tiempo de trabajo o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.
- Solicitar, prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí mismo o para terceros, en virtud del cargo o función. Se exceptúan los donativos oficiales y protocolares, así como aquellos que se autoricen por costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.
- Participar en asuntos en los cuales se tenga interés personal o en los que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en razón de las funciones desempeñadas. Además, se debe abstener de participar en decisiones en las que exista cualquier circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad. En estos casos, las autoridades y funcionarios deben informar a su superior jerárquico sobre la implicancia que les afecta.
- Omitir o eludir la propuesta pública cuando la ley lo disponga.
- Incumplir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, ocasionando un grave entorpecimiento en el servicio o en el ejercicio de los derechos ciudadanos frente a la Administración.
- Realizar denuncias de irregularidades o faltas al principio de probidad sin fundamentos, y en caso de constatarse su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
Es importante tener presente que el respeto a la probidad administrativa es fundamental para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar un ejercicio transparente y ético de la función pública.
Esperamos que esta información te sea útil y esclarecedora. En caso que tengas requieras una asesoría personalizada, puedes agendar una cita en el siguiente link https://asesorialegalpublica.cl/agendar-cita/
